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El juez Gustavo Amarilla sostuvo que desconocía que el general Héctor Grau, miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) estaba al tanto de que podrían haber menores en el campamento del grupo armado. Por ende, acotó que si tomaba conocimiento de dicha situación incurrirían a recomendaciones de otros países con más experiencia en casos donde niños podrían estar de por medio, para recibir tácticas militares. “No tengo experiencia en ese sentido y no se me expuso tampoco”.


Según en las declaraciones emitidas por Grau, comenzaron a tener indicios de que criaturas se encontraban en los campamentos fue a raíz de un enfrentamiento de abril en el año 2018

«Esas afirmaciones no se las hizo en el requerimiento, ni siquiera a los fiscales se les expuso las posibilidades de que hayan menores en el objetivo del lugar, de ninguna manera no se mencionó. La preocupación es sumamente entendible, no tuve nunca experiencia de alguna comunicación previa a la identidad que podría haber tenido el allanamiento. Somos tres los jueces que estamos en el tema, no conozco de requerimiento que antes de este o posteriores que hablen de quienes estarían allí y mucho menos menores», afirmó.

«Cualquier ocultamiento de información en un procedimiento como este sería pasible de una sanción o sea primero habría que comprobar que esto habría sido así. Si eso fuese cierto es muy delicado porque estamos hablando de gente que primero no tiene orden de captura o vinculación previa al caso, porque la orden habla de intentar ubicar y detener a personas con orden de captura relacionadas a casos de terrorismo que tenemos en el país y en esa inteligencia digo que no conozco que tengamos orden de captura contra menores en todos nuestros procesos contra terrorismo en Paraguay», expresó.

Operativo:

En la tarde del jueves inició el proceso de registro y clasificación de los elementos incautados en el campamento del EPP, donde el miércoles tuvo lugar un enfrentamiento.

En el sitio se encontraron numerosas armas, documentos, así como celulares, computadoras portátiles y otros aparatos electrónicos que serán revisados. Igualmente se han contabilizado unos US$ 16.000 y unos Gs. 3 millones, que serán sometidos a análisis para determinar si son producto de algún secuestro o extorsión del grupo criminal.

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