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El investigador y criminólogo, Juan Martens, manifestó que hay grupos de poder interesados en que el Ejército del Pueblo Paraguayo no sea desarticulado a fin de que la Fuerza de Tarea Conjunta permanezca en el Norte del país y siga recibiendo los USD 1.300 millones. Añadió que hay varios intereses económicos y políticos detrás con el objetivo de repartirse el presupuesto de la FTC entre ellos. 


 

Martens además mencionó que el EPP es funcional para estos grupos de poder y el hecho de que aparezcan en ciertos momentos de tensión política, como válvula de escape, refuta esta hipótesis.

Con respecto al último enfrentamiento en el que resultaron abatidas dos menores, Martens expresó que la FTC demostró su incapacidad y está haciendo pasar al país un papelón internacional con organismos como la ONU y la OEA, así como también con Argentina que había demandado a Paraguay a que se esclarezca el caso.

Agregó que es necesario que la FTC transparente sus procedimientos mediante las filmaciones, ya que solo así podría evitarse confusiones como las que se produjeron con la muerte de las dos niñas.

Enfatizó que hay pruebas de la existencia del EPP y de que también actúan permanentemente en una zona determinada de Concepción y San Pedro desde hace tiempo, informaciones de los que tienen conocimiento las autoridades.

Asimismo señaló que ciertos oficiales de rango inferior FTC habían expresado que nos llega el equipamiento necesario ni tampoco las provisiones necesarias para su subsistencia diaria, pese a contar con el presupuesto.

 

 

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