El Gobierno de Argentina presentó este viernes el programa "Acompañar", que, a través de apoyo económico y acompañamiento psicológico y social proporcionado por el Estado, tiene como fin principal promover la autonomía de las personas que son víctimas de violencia de género.


La iniciativa plantea un subsidio equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil -actualmente de 16.800 pesos (221 dólares) por un período de seis meses consecutivos a mujeres y personas LGBTI+ en riesgo de violencia para contribuir, en el corto y medio plazo, a la creación de «condiciones básicas» para la construcción de un «proyecto de vida autónomo y libre de violencias».

También se prevé un «acompañamiento integral» con acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial, implementado de forma coordinada con los gobiernos provinciales y locales.

LIBERAR A LAS MUJERES DE SUS «CARCELEROS»

El programa se presentó en un acto en la residencia oficial del presidente, Alberto Fernández, que estuvo acompañado de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el titular de Interior, Eduardo de Pedro, e incluyó conexiones virtuales con los gobernadores de las cuatro provincias donde comenzará a ponerse en marcha.

«Lo que hay que entender es que una mujer que es violentada, agredida, golpeada, maltratada, injuriada, difamada, humillada por el hombre que la acompaña es una mujer que necesita reconstruir un espacio para volver a vivir y debe dejar de depender de quien muchas veces mantiene ese lugar», afirmó el mandatario.

Fernández recalcó que lo que se está haciendo es «liberar de esos carceleros violentos a esas mujeres» y darles la oportunidad de «empezar otra vez» con la ayuda del Estado.

La ministra recalcó que el programa forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 presentado en julio pasado.

«Salir de situaciones de violencia de genero es absolutamente difícil y el Estado tiene que estar acompañando a esas mujeres, que requiere por un lado de asistencia económica y por otro de asistencia y recursos subjetivos, simbólicos, una asistencia integral», destacó Gómez Alcorta.

UN FEMINICIDIO CADA 34 HORAS

Según desveló el lunes pasado la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), en los seis meses que Argentina lleva con medidas de aislamiento social para frenar el coronavirus, el país registró 127 feminicidios, lo que supone una muerte cada 34 horas.

En el 65 % de los casos, el feminicidio fue cometido por la pareja o la expareja de la víctima, mientras que el 71 % de los feminicidios fueron en la vivienda de la víctima o vivienda compartida con su agresor.

Asimismo, en todo 2019, según datos de la Corte Suprema de Justicia, se identificaron 252 víctimas mortales por violencia de género, cifra que incluye cinco travesticidios/transfemicidios y 16 víctimas de feminicidio vinculado, es decir, personas del entorno de la mujer que también murieron a manos del agresor.

De Pedro valoró que la pandemia hizo visibles «muchos problemas estructurales» y enseñó a trabajar de manera conjunta y coordinada, por lo que deseó que el programa presentado hoy pueda llegar a «cada rincón del país».

Por el momento, empezará a implantarse en las provincias de Santa Fe, Chaco, Río Negro y Buenos Aires.

VOLVER «PARA SER MUJERES»

Alberto Fernández, que ganó las elecciones de 2019 con la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) como vicepresidenta, recuperó su conocida frase «volvimos para ser mejores», que hace referencia a la vuelta del peronismo al poder tras los cuatro años de mandato del conservador Mauricio Macri (2015-2019), y la adaptó a la presentación de hoy.

«Volvimos para ser mejores, y volvimos para ponernos en el lugar de la mujer. Volvimos también para ser mujeres y entender lo que les pasa a las mujeres», aseveró, y llamó al cumplimiento de la llamada «Ley Micaela», que, aprobada en 2018, establece una formación obligatoria en temática de género a los empleados del Estado y cuyo nombre homenajea a una joven violada y asesinada por un hombre que tenía antecedentes de ataques sexuales cuando cometió el crimen.

Fernández dijo que en el Estado «dos de los tres poderes», el Ejecutivo y el Legislativo, ya han avanzado en implementar esa norma «y generar conciencia de la igualdad y derechos de la mujer», pero se mostró preocupado por la «rémora» en el Poder Judicial.

«Le hemos pedido al presidente de la Corte (Suprema) que por favor se ocupe de tratar el tema y solo recibimos silencio», reprochó, para recalcar la necesidad de que la Justicia se involucre, ya que es la que acaba juzgando al victimario. EFE

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