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La Conferencia Episcopal Paraguaya emitió un comunicado luego de la suspensión de la diputada Celeste Amarilla. En el documento, exhortan a los políticos a respetar la Constitución Nacional y las leyes para fortalecer las instituciones democráticas. Al respecto, el secretario General de la CEP, Monseñor Amancio Benítez sostuvo que la iglesia no intenta inmiscuirse en política partidaria, pero que es necesario llamar la atención a los Diputados porque ellos no se representan solo a si mismos sino a la sociedad. 


«Nos preocupa que utilizan la democracia. Los legisladores deben de mirar por el bien del pueblo. La situación de la diputada es una gota de más de la Cámara que no está representando al pueblo y no están respetando la CN, es una gota que colma el vaso. Queremos que miren la necesidad de la gente. Ellos no se representan a sí mismos, representan a la sociedad. Parecen un jardín de infantes», dijo Monseñor.

Monseñor añadió que teniendo tantos problemas en el país, nuestros políticos ocupan gran parte del tiempo en ofenderse y atacarse entre ellos.

Texto íntegro del comunicado:

QUEBRANTAMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO

Ante la actuación de la Cámara de Diputados, en diversas decisiones relacionadas con sus miembros, y que han merecido serios cuestionamientos de amplios sectores de la ciudadanía, la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Paraguaya, CEP, considera oportuno compartir algunos principios de la Doctrina Social de la Iglesia con el objetivo de contribuir al discernimiento sobre las acciones de los que ejercen cargos de representación política.

1. Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. La Iglesia sostiene que una auténtica democracia no es solo un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre y la asunción del « bien común » como fin y criterio regulador de la vida política.

2. La democracia es fundamentalmente un “ordenamiento” y, como tal, un instrumento y no un fin. Su carácter “moral” no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral a la que, como cualquier otro comportamiento humano, debe someterse; esto es, depende de la moralidad de los fines que persigue y de los medios de que se sirve.

3. En el “Estado de derecho” es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres.

4. Quienes tienen responsabilidades políticas no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de la representación, que consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo y en buscar soluciones a los problemas sociales. En esta perspectiva, la autoridad responsable ejerce el poder con espíritu de servicio, teniendo como finalidad de su actuación el bien común y no el prestigio o el logro de ventajas personales.

5. Entre las deformaciones del sistema democrático, la corrupción política es una de las más graves porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social; compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados; introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones.

En consecuencia, se exhorta a los que ejercen la representación política a cumplir con el juramento de respetar y hacer respetar la Constitución Nacional y las leyes para fortalecer las instituciones democráticas y consolidar el Estado de Derecho en la República del Paraguay.

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