La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció este lunes que enviará una misión a Perú para investigar posibles violaciones a las libertades fundamentales durante la actual crisis política que vive ese país.


La portavoz de la institución Marta Hurtado confirmó a la agencia EFE el envío de la misión de expertos y manifestó la preocupación de la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet por las denuncias de un uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de los efectivos de seguridad, así como de detenciones sin el debido proceso. La misión fue invitada por las autoridades peruanas.

La funcionaria también expresó el pesar de la oficina por la muerte de dos jóvenes manifestantes -aparentemente en casos donde tuvo lugar ese uso excesivo de la fuerza- y pidió una investigación imparcial y transparente de las circunstancias de esos sucesos. “Nos preocupan asimismo informaciones que hablan de más de 90 heridos cuando participaban en manifestaciones pacíficas”, señaló la fuente oficial.

La portavoz recordó a las autoridades peruanas que “cualquier uso de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad debe ser razonable, legal y proporcionado al nivel de la amenaza” y que no deben usarse armas de fuego para el control de manifestaciones.

Tampoco deben usarse municiones categorizadas como “menos letales”, como las balas de metal recubiertas de goma, proyectil que causó la muerte de al menos uno de los jóvenes fallecidos en la actual crisis.

Hurtado añadió que “cualquier despliegue de agentes de civil en manifestaciones debe ser el estrictamente necesario dadas las circunstancias y estos agentes no deben incitar a la violencia”.

La portavoz subrayó que la oficina ha recibido también denuncias de detenciones arbitrarias y restricciones no justificadas a periodistas que intentaban ejercer su derecho a informar, por lo que la oficina recordó atmbién a las autoridades peruanas que “deben cumplir con sus obligaciones en relación con la libertad de prensa”.

La salida de Martín Vizcarra de la Presidencia del Perú y la posterior asunción del Poder Ejecutivo por parte del presidente del Congreso, Manuel Merino, provocaron una fuerte reacción ciudadana que fue respondida con una violenta represión del Gobierno peruano contra las manifestaciones que el sábado dejó, al menos, dos muertos y numerosos heridos.

Tras estos sucesos, el presidente provisional de Perú, Manuel Merino, no pudo resistir más su endeble mandato y renunció el domingo al cargo que había asumido hacía solo cinco días.

Ante este contexto, Merino fue denunciado penalmente junto a su primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, y el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, así como a los jefes de la Policía Nacional por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones. La fiscal general, Zoraida Ávalos, anunció este lunes la apertura de una investigación preliminar.

La denuncia “por graves violaciones a los derechos humanos” fue presentada ante la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, después de que dos jóvenes murieran y más de cien de personas fueran heridas durante las protestas que tuvieron lugar la última semana en Lima contra el gobierno de Merino.

En el documento, presentado por ocho organizaciones de derechos humanos, se incluye al director general de la Policía Nacional, Orlando Velasco, y al jefe de la región policial Lima, Jorge Cayas, ya que la policía reprimió duramente las multitudinarias protestas que comenzaron el pasado miércoles en Lima.

La denuncia indica que, además de la represión a los manifestantes, los agentes antidisturbios también atacaron a los miembros de la prensa con impactos directos al cuerpo de bombas lacrimógenas y perdigones.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) rechazó la violación de derechos humanos y exigió el fin de la represión por parte de la Policía Nacional en las manifestaciones. “Debido a la represión violenta de las protestas, esta crisis política está generando una crisis de derechos humanos. Las autoridades deben priorizar la protección de la población sobre cualquier interés político”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, según recoge un comunicado del organismo.

Tras el análisis de evidencia audiovisual, Amnistía pudo comprobar que “agentes policiales dispararon municiones, lanzaron gas lacrimógeno, golpearon o sometieron con violencia a personas de manera innecesaria y desproporcional, hiriéndolas y violando estándares internacionales de derechos humanos”.

Fuente: Infobae

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