Lo que en el pasado stronista fue la constante –canjear soberanía hidroeléctrica por negocios y/o apoyo político, a cambio del discutible beneficio de que el Paraguay no aporte avales para la construcción de las represas-- hoy ha vuelto a ser el eje central del gobierno Cartes: priorizar negocios en lugar de reclamar soberanía hidroeléctrica.


 

Por Ricardo Canese*

En el caso de Yacyretá, se buscó presentar que la supuesta reducción de la deuda binacional –que nunca existió, pues es un aporte del Tesoro argentino y no un crédito– sea algún tipo de logro que permita olvidar lo sustantivo, como es la soberanía hidroeléctrica. Se reproduce, así, el mismo esquema del dictador Stroessner quien, a cambio de supuestamente no endeudar al país, ni dar el aval para obras, sin embargo extremadamente rentables, como son las hidroeléctricos, aceptó las imposiciones de los vecinos, que directamente interpretaron, en base cláusulas ambiguas, que el Paraguay había perdido su soberanía hidroeléctrica.

La deuda de Yacyretá no existe, pues lo que dio el Tesoro argentino a la EBY es un APORTE (una parte no puede prestarse a sí misma), como el mismo tratado lo establece. El dictador Videla, interpretó unilateralmente que los aportes que daba la Argentina a Yacyretá eran, según él, préstamos que debían ser devueltos, primero, y generar intereses y reajustes, además. Buena parte de la dirigencia paraguaya, comenzando por el dictador Stroessner, su socio en el “Plan Cóndor”, no cuestionó este bárbaro acto unilateral (decreto argentino) que, en ningún caso, puede modificar un tratado binacional, de superior jerarquía.

Ahora, Cartes y Macri han firmado en Acta de Entendimiento, primero, y una nota reversal, después, oficializando que lo aportado por la Argentina le deberá ser devuelto, como si fuera un préstamo, aunque sin intereses; sin tener en cuenta, además, que la deuda, de existir, ya debió ser cero en marzo del 2014, cuando venció el Anexo C del tratado, o en última instancia debió ser pagada por quien se llevó la energía entre 1994 y 2014 (la Argentina en un 95%). Este acuerdo Cartes – Macri lo hicieron para concretar de inmediato la construcción de la central hidroeléctrica del Aña Cuá, por valor de unos 700 millones US$, y la ampliación de Yacyretá, también por algunos centenares de millones de dólares. Apuntan, además, a negocios de miles de millones de dólares en Corpus e Itatí – Itá Corá.

¿Qué quedó de la soberanía hidroeléctrica paraguaya, ya reconocida por el tratado de Yacyretá en 1973? Ni siquiera se la menciona, pese a que la Argentina se opone activamente a que el Paraguay disponga de su energía. En el 2011, cuando el gobierno de Fernando Lugo forzó una “prueba técnica” para demostrar la vialibilidad de la exportación de su energía al Uruguay, la Argentina impidió avanzar en el tema. Los gobiernos posteriores, curiosamente se olvidaron del tema, como si la soberanía hidroeléctrica –que podría darle una renta hidroeléctrica adicional de varios miles de millones de dólares al año al Paraguay– no fuera para nada importante.

En el caso de Itaipú ocurre algo similar. Muchos interesados hablan de asegurar que el Estado disponga de 1.000 millones US$/año para el Presupuesto General de la Nación desde el 2023, cuando la deuda de Itaipú quede enteramente pagada, olvidándose de lo que puede redituar mucho más, como es la soberanía hidroeléctrica (la venta de esta energía a terceros países, o al Brasil, a precio de mercado).

¿Por qué no se le da importancia a la soberanía hidroeléctrica y, en cambio, el debate se centra, tanto en Itaipú como en Yacyretá, en lo concerniente a la deuda, de importancia cuantitativa mucho menor?

Primero, puede ser el desconocimiento. No se conoce cómo ejercer la soberanía, o cómo funcionan los mercados eléctricos en Brasil y Argentina. En el caso de la deuda, son números y cuentas mucho más al alcance de una formación contable, mucho más al alcance de nuestros técnicos.

Segundo, muchos técnicos pretenden presentarse como radicales defensores de la soberanía pero, en realidad, tienen fundados temores a adoptar medidas de defensa de la soberanía. En su subconciente, tal vez, está el hecho que, cuando un país se decide a defender su soberanía, se desatan todas las furias del imperio (o subimperio) de turno, como ocurrió en el Chile de Allende (con su cobre), en el Panamá de Torrijos (con su canal), en la Bolivia de Evo (con su gas) o en la Venezuela –principalmente este caso– de Hugo Chávez, con su petróleo, o incluso en el caso de Brasil, con su inmenso yacimiento de hidrocarburos en el Presal. Defender la soberanía requiere de mucha convicción y valentía, si se está en función de gobierno, de ahí que sea más fácil centrarse en aspectos relativamente secundarios, como la deuda.

Finalmente, la DEFENSA de la soberanía tiene, como ya se intuye en el párrafo anterior, una clara connotación y postura anti-imperialista, de la cual quieren apartarse no pocos “expertos energéticos”, más ligados al stablishment que a los intereses populares. Luchar por la soberanía hidroeléctrica en el Paraguay es adoptar una postura claramente anti-imperialista y, hacerlo en forma consecuente, les causa pavor a muchos, y, lo que es más importante, va en contra de los intereses concretos de quienes en los papeles son acérrimos defensores de la soberanía, pero en realidad quieren ser los más fieles servidores del imperialismo, o subimperialismo, del color que sea.

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* Experto en energía, con más de 20 libros publicados sobre el tema. Parlamentario del Mercosur por el Frente Guasu.

 

 

 

 

 

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