La exdiputada Cynthia Tarragó y su esposo Raymond Va se declararon culpables por el caso Lavado De Dinero en EE. UU. El próximo 21 de enero se sabrá la sentencia para ambos.


Tarrago Díaz, de 41 años, se declaró culpable el martes en una audiencia ante la jueza federal Freda L. Wolfson y su esposo, de 45, lo hizo este miércoles, de acuerdo con un comunicado del fiscal federal en Nueva Jersey, Craig Carpenito.

Carpenito recordó que hasta enero de 2019 Tarrago era miembro del Congreso de Paraguay y que a finales de 2019 había anunciado públicamente su intención de aspirar a la intendencia de Asunción, la capital del país.

De acuerdo con las autoridades federales, mientras estaban en el cargo, Tarrago y su esposo acordaron aceptar unos dos millones de dólares de dos personas que se presentaron como narcotraficantes, -y que en realidad eran agentes del FBI- y blanquearon los fondos a través de una red internacional de cuentas para disfrazar su origen ilegal.

Ambos fueron arrestados por FBI el pasado 22 de noviembre cuando llegaron al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey.

Junto con el matrimonio fue acusado del mismo cargo Rodrigo Alvarenga Paredes, alto miembro de una empresa de cambio de moneda paraguaya y que aún se encuentra en Paraguay.

De acuerdo con la acusación que le presentó el Departamento de Justicia de EE.UU, Tarrago Díaz «se ofreció descaradamente a lavar el producto del tráfico internacional de drogas e incluso llegó al extremo de ofrecer traficar con cocaína ella misma».

Durante la investigación, los agentes encubiertos se reunieron con Tarrago y Va en Estados Unidos en numerosas ocasiones y obtuvieron grabaciones de vídeo y audio de sus interacciones con el matrimonio, que incluyen detalles de la red de lavado de dinero.

La Fiscalía explicó que la operación encubierta se llevó a cabo como parte de una investigación de una red de blanqueo de dinero, durante la que se destapó que Alvarenga coordinaba el lavado de dinero que le proveían Tarrago y Va.

El cargo de conspiración de lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 500.000 o el doble del valor de los fondos involucrados en la conspiración.

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